Diputado: Pablo César Aguilar Palacio
Iniciativa: reforma a la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Durango y sus Municipios.
Objetivo:
Establecer orden dentro de los recursos que ingresan a la administración, en este caso de manera extraordinaria, nuestra propuesta versa en el sentido de que el Congreso del Estado, no podrá autorizar préstamos a largo plazo a los entes públicos, durante los últimos seis meses de la administración saliente.
Ampliación de Motivos:
Con esta iniciativa de reforma el Grupo Parlamentario de Morena pretende terminar con esas prácticas de corrupción de muchos ayuntamientos que se ven inmiscuidos en un desorden en cuanto a su fiscalización y rendición cuentas derivado del mal manejo de los recursos públicos de los créditos autorizados por este Congreso del Estado ya al final de lo que corresponde su administración.
Es importante hacer mención que si bien es cierto es una necesidad preponderante que los ayuntamientos realicen obra pública en sus municipios, también cierto es que, algunas de las veces las administraciones salientes solicitan financiamientos a largo plazo a este Congreso, pero desafortunadamente, lo solicitan en el último año de su administración y como hemos visto, dejan con deudas a las administraciones entrantes.
En consecuencia, al momento que toman las riendas de la administración durante los cuatro primeros meses les es muy difícil sobrevivir a todos los gastos que conlleva una administración, porque muchas de las veces no alcanza ni para pagar nómina y mucho menos para realizar obra pública, ya sea dentro del Estado a en los mismos municipios.
Derivado del mandato constitucional, las legislaturas locales podrán autorizar montos máximos de los financiamientos u obligaciones a contratar, previo análisis de su destino, capacidad de pago y otorgamiento de garantía o fuente de pago, pero también es importante hacer mención, que es necesario establecer un orden y planeación respecto de los flujos que se obtengan del financiamiento y/o obligación a contratar.
Es necesario dar certeza jurídica sobre todo a la ciudadanía, de que la administración saliente entregará finanzas sanas y así al entrar la nueva administración podrá organizarse de mejor manera y con menos deuda a fin de dar margen a que las nuevas administraciones, si así lo requieren soliciten financiamiento o contraten obligaciones y sea durante su mandato que se amortice mayormente la deuda u obligación contratada por los mismos.
La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas.