Aprobación: Expiden Ley de Imagen Institucional para el Estado y sus Municipios
Análisis: Comisión de Administración Pública
Iniciativa: Presentada por el Dip. Gerardo Villarreal Solís y diputados de la pasada legislatura
Objetivo:
La nueva Ley, establecer las bases criterios de la imagen institucional, unificando la imagen para los Poderes del Estado y los municipios, independientemente de la administración que se trate, generando el espíritu de pertenencia entre los servidores públicos y que las personas identifiquen correctamente los mensajes oficiales.
De esta manera, será obligatoria para los 39 municipios del Estado a partir del primero de septiembre del presente año; en el caso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para los órganos constitucionales autónomos, a partir del 1 de enero de 2023; además incluye a los organismos autónomos.
Los colores permitidos para utilizarse en la imagen son: blanco, grises y negro.
En el caso de que no se dé cumplimiento a lo que establece la Ley se impondrán las sanciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Intervención del diputado Gerardo Villarreal Solís a voto a favor del dictamen:
Una de las principales quejas y demandas de la sociedad es el dispendio de recursos públicos en la imagen institucional de cada ente público, lo que genera molestia entre la sociedad.
Si bien cada autoridad, puede determinar qué imagen institucional desea proyectar, también es cierto, que cada cambio de administración conlleva un fuerte gasto en el cambio de dicha imagen, gasto que bien podría utilizarse en diversos actos de verdadero beneficio a la sociedad.
Una de las primeras acciones que llevan a cabo es el cambio de imagen oficial, el logotipo, colores, slogan, entre otros aspectos buscando imponer su sello personal a las gestiones y darles identidad propia a los programas únicamente con fines políticos.
Esta comisión dictaminadora considera que, con la expedición de esta Ley de Imagen Institucional para el Estado y los Municipios, genera criterios claros que eviten dispendio de recursos públicos en el uso de la imagen institucional.
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